La declaración de “conflicto interno” y la imposición del toque de queda por parte del presidente ecuatoriano para enfrentar la crisis de violencia que atraviesa Ecuador, representa una estrategia política para mostrarse como un gobierno fuerte en un contexto de ausencia del Estado de derecho, sostuvo el doctor José Luis Cisneros, investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El académico de la Unidad Xochimilco de esta casa de estudios señaló en entrevista que en Ecuador como en América Latina en general, la violencia se enmarca en función de una ausencia del propio Estado de derecho y de las raíces que ésta ha echado como resultado de la corrupción que abarca esferas gubernamentales, pero que se manifiesta en todas las prácticas sociales de la vida cotidiana, como “producto del quiebre de las propias instituciones”.

El especialista en temas de violencia social, delincuencia y readaptación indicó que el conflicto en Ecuador resulta “interesante” porque representa un acontecimiento que no se había visto, en términos de la dimensión que adquiere al estar implicados grupos que ejercen la violencia delictiva frente a un Estado; “esto es algo que se debe subrayar: es inédito”.

Una pregunta que es necesario hacerse frente al conflicto es si en realidad todos esos grupos pertenecientes a una delincuencia común y que se han conformado con bandas delictivas, conjuntos de sicarios y narcotraficantes son en realidad causantes de toda esa violencia social extrema o son instrumento del propio Estado, es decir, de aquellas fuerzas políticas que usan la violencia con fines específicos.

Destacó que hay dos elementos que deben tenerse en claro: por un lado, un presidente, Daniel Noboa, que apenas tiene dos meses en el poder y llegó a éste con dos condiciones, una referente al tema de la seguridad, que es muy importante dado el incremento en los últimos años de las muertes violentas en el país, y otra relacionada con el papel principal que ha tomado Ecuador en el trasiego de droga, más allá de ser mano de traspaso.

“Aquí va a tomar relevancia la actuación de una figura considerada como central, que es el famoso ‘Fito’, un delincuente que versus lo que sucedió en México con el Chapo Guzmán, se ha fugado varias veces de prisión y eso hace que los grupos se sientan empoderados e intenten confrontar de manera abierta al Estado”.

Esto sucede como resultado de la corrupción que comenzó en las últimas décadas a hacerse presente en Ecuador, como en muchos países de Centro y Sudamérica, en donde la criminalidad tuvo la posibilidad de “comprar” a varias instituciones del Estado, a servidores públicos y eso es muy significativo porque hoy se expresa en un problema de gran magnitud.

Es así, añadió, que los grupos del narcotráfico de pronto se convirtieron en importantes actores armados que usan la violencia para poder obtener beneficios económicos, sociales y políticos. Algo similar ocurrió en Colombia cuando, por ejemplo, bandas vinculadas a Pablo Escobar utilizaron la violencia para tener ventajas de corte político y decidieron introducirse a la política de manera abierta, por lo que el Estado con sus fuerzas de seguridad y los militares tuvieron que poner un tope.

Desde los años 70 del siglo pasado “nos guste o no”, el narcotráfico juega un papel en las economías, y a veces ha sido “más fácil mantener y controlar la ilegalidad que la legalidad”.

En México, por ejemplo, a los cárteles no les había interesado la participación abierta en la política, si bien han tomado en los últimos sexenios un papel cada vez más relevante que puede constatarse con los homicidios de candidatos y en las imposiciones que han impulsado, lo cual se ha ido generalizando como parte de una nueva lógica globalizada del negocio de la cocaína.

Hablar de un Estado de excepción “me parece interesante” en términos de la propia política que ha impuesto este presidente, quien ha seguido las orientaciones del mandatario Nayib Bukele, de El Salvador, la cual podría leerse como una maniobra política para poder robustecerse, dado que esto le va a permitir apresurarse a mantener un control sobre el crecimiento del propio narcotráfico y de esa violencia que fue escalando durante mucho tiempo y fue mostrándose con el aumento de muertes violentas, destacó el investigador.

Lo que ocurre en Ecuador es el reflejo del quiebre de las instituciones, argumentó, pero es también el resultado de injusticias sociales y estructurales que actúan como promotores de la propia violencia, como las desigualdades sociales y económicas, políticas, entre otros factores que inciden de manera directa y explícita en esta violencia delictiva.

Para finalizar, apuntó que el hecho de catalogar como terroristas a estos grupos “implica todo un cambio en el discurso, cuyas repercusiones veremos, sobre todo porque es casi seguro que las elecciones en Estados Unidos las gane Donald Trump”, y esto traería consecuencias en diversos aspectos políticos y económicos de la región.