Para reflexionar acerca de los principales desafíos que sortean las personas dedicadas a investigar, acompañar y comunicar la tragedia de la desaparición forzada en México, especialistas y activistas se congregaron en la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Durante el Coloquio Investigar la Desaparición Forzada en México. Retos, Aprendizajes y Obstáculos, integrantes de las Organizaciones No Gubernamentales, el periodismo y la academia compartieron su experiencia al ayudar en estos procesos, en un panorama desolador en el que el país ocupa los primeros lugares en incidencia de este fenómeno. 

“Cuando hablamos del desborde de la desaparición, más allá de las cifras y los números, que son afectos y personas historizadas, también estamos hablando de todo lo que rodea a este evento trágico: ocultamientos, agravios e impactos”, sostuvo Andrea de la Serna. 

La especialista egresada de la Maestría en Comunicación y Política de la Unidad Xochimilco apuntó que este coloquio buscó romper con la noticiabilidad de los grandes foros e integrar las experiencias situadas, desde las cuales se generan conocimientos y prácticas muy importantes para hacer frente a este fenómeno.

Explicó que pese a las alarmantes cifras y los casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no ha garantizado la procuración de justicia y se favorece la vulneración a la dignidad de las víctimas y de sus familias, lo que representaría una doble desaparición. 

Al respecto, la doctora Liliana López señaló que las cifras negras pueden dar cuenta de estos ocultamientos y de la opacidad institucional, pues hasta ahora no existe un registro fiel del número de personas que no están y de aquellas a quienes se ha negado el derecho colectivo a la verdad.

La integrante de la Asamblea de Coordinación del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) indicó que para contrarrestar la desesperanza se debe pensar en diferentes niveles de acción, con el fin de poder atender lo individual, lo barrial y lo colectivo. 

“Hay que combatir el distanciamiento de pensar que esto le está ocurriendo a otra gente, porque no es así. Esto nos está pasando a todos como sociedad, nos tiene que preocupar y debemos saber qué les pasó a esas personas y quién lo hizo”. 

Subrayó la importancia del autocuidado de las familias y las personas buscadoras, pues en un contexto hostil y violento, esta es una manera de garantizar el seguimiento en una labor tan significativa e impulsar las acciones urgentes desde la colectividad.

“Como acompañante y alguien que quiere colaborar es muy relevante que entendamos nuestros límites, que combatamos el perpetuo no permitirse momentos de descanso y la idea de que tener tiempos de gozo y alegría implica que nos olvidamos del dolor”. 

En su intervención, Alejandra Ramírez refirió que uno de los grandes retos es tratar este tema desde un abordaje crítico y con una perspectiva interseccional, para poder dar cuenta de cómo las violencias estructurales e institucionales extremas se encarnan en cuerpos y subjetividades específicas. 

“No hay que perder de vista las violencias estructurales y cuáles fueron esas desigualdades, exclusiones y la forma en que se produjeron las víctimas, porque todas esas violencias fueron previas a la desaparición, pero continúan y se van agudizando a posteriori”. 

La defensora e investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar México, refirió que entre estas condiciones están la burocratización de los procesos, la falta de avances en las investigaciones, el extravío de expedientes y otras formas de desatención que van minando el avance hacia la verdad. 

“Existe un continuum de violencias simultáneas que coexisten y es un desafío poder verlas y leer entre líneas cuando se cometen en todos los niveles; se ejecutan incluso post mortem, en la crisis forense, en el tratamiento indigno que se da a los cuerpos en este país”. 

Aunque dijo que ha habido un crecimiento de la institucionalidad forense, argumentó que esto no se traduce en mejoras efectivas, por lo que desde los grupos de búsqueda también se han dado políticas de resistencia a nivel micro y alianzas de compañerismo y de ternura. 

“Toda la ingeniería institucional blinda el no acceso a la información, al no tener un registro congruente y no saber a quién se busca, desde cuándo y cómo le vamos a hacer para su localización. Hay una política que ayuda a la no atención victimal y profundiza los impactos psicosociales”.