Preocupante, faltan defensorías de derechos universitarios en IES mexicanas
Número 635
La Red de defensorías de derechos universitarios registra alrededor de 50 en todo el país
Representantes del IPN, la ENAH y la UACM participaron en las jornadas por los 10 años de la DDU de la UAM
De las cerca de cinco mil instituciones de educación superior públicas y privadas que hay en México, solo una cuantas cuentan con una defensoría de derechos universitarios, lo que resulta “preocupante”, dado el creciente número de quejas que, por diversos motivos, las comunidades estudiantiles presentan ante dichas instancias, advirtió la doctora Jhazibe Leticia Valencia de los Santos, al participar en las jornadas por los 10 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La defensora de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) señaló que es preocupante que tan pocas universidades –la Red de defensorías de derechos universitarios registra alrededor de 50– tengan y reconozcan la necesidad de implementar este mecanismo de defensa de derechos “porque la escalada de la violencia en la comunidad es creciente”.
En lo que va de 2025, en la UACM se han recibido 117 quejas, 30 de ellas por reglamento y 80 por protocolo, más las que se están integrándose y que se encuentran en una primera atención, dijo.
Valencia de los Santos consideró que el primer reto para estas instancias es el de la atención a las violencias, particularmente la de género, mismas que se han diversificado por el crecimiento de la población estudiantil, y “si antes no existía tanta violencia cibernética porque no había la manera de violentar por estos métodos electrónicos, ahora sí existe, pero ahora acentuada con la inteligencia artificial y la creación de perfiles que pueden ser falsos, lo cual enciende los focos rojos y lamentablemente aún más con las mujeres”.
Un segundo reto radica en la atención a las neurodivergencias dentro de las comunidades universitarias, para las cuales es importante tener protocolos porque este sector también forma parte de nuestra comunidad, y “hay que atenderles, solidarizarse y caminar con ellos”.
Otros temas urgentes son las masculinidades y el machismo: “el machismo mata, pero además tenemos que hablar y visibilizar a quienes forman parte de la comunidad LGBTTTI+, aunque no formemos parte de ella, porque todos necesitamos respeto, acompañamiento, fraternidad y caminar en unión en un espacio donde venimos a aprender”.
La maestra Yamile Judith García Ruiz, subdefensora de Atención a Alumnos y Egresados del Instituto Politécnico Nacional, expuso que en esa instancia “no conocemos de asuntos laborales ni académicos ni de denuncias efectivas ni determinaciones que tengan que ver con el órgano interno de control y cuando hay interacción con la comunidad hay cierta decepción; sin embargo, hay otras áreas que sí conocemos, fortalecemos y dominamos”.
Una de ellas es la necesidad de vencer las barreras generacionales —relacionadas con las masculinidades—, en el Instituto Politécnico Nacional una parte importante de la comunidad docente “por su edad, a veces traen atavismos a la formación”, en consecuencia, es importante romper esas barreras para entender las nuevas formas de convivencia.
Otra problemática identificada en el Instituto son las neurodivergencias, “hemos detectado a lo largo de los últimos ocho meses, por ejemplo, que tenemos un gran número de denuncias sobre todo de una parte de la comunidad de alumnos, quienes refieren tener algún tipo de circunstancia personal que no les permite acceder a la educación como lo hace una persona en otras circunstancias. Esto representa un gran reto porque implica la capacitación del personal docente.
La funcionaria valoró como una acción prioritaria la atención a la violencia de género, pero también las violencias que se viven en las aulas.
Como defensoría, se trata de implementar acciones de formación mediante pláticas de sensibilización, dinámicas con las que se ha logrado una comunicación diáfana y directa con el alumnado que contribuye a generar una cultura de la paz al interior del instituto y un entorno más seguro para toda la comunidad.
La doctora Alicia Hopkins Moreno, asesora jurídica de la Defensoría de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), refirió que esa oficina se rige con tres ejes principales: sensibilización, capacitación y atención y gestión de los casos y de las quejas de diversa índole que se presentan, que en este año suman aproximadamente entre 80 y 90.
Tras mencionar y reconocer el trabajo de la DDU de la UAM, a 10 años de su creación, dijo que “hemos cambiado bastante y hoy se vive otro momento de construcción, de otro sentido de lucha del feminismo, de búsqueda de justicia y de acceso a derechos”.
En muchos sentidos, este movimiento plural, amplio, lleno de disputas internas ha logrado agrietar el consenso patriarcal de la sociedad actual y hoy ya no es tan sencillo que ocurran las cosas que en el silencio y en la impunidad sucedían hace 10 o 15 años.
“Desde la cama hasta la mesa de comida, desde el salón de clases hasta el transporte público, el imaginario ya es otro y se han roto paradigmas y construido nuevos sentidos y me parece que eso es algo muy importante eh de celebrar y de reivindicar”.
No obstante, estos avances, “seguimos enfrentando una serie de desafíos siendo uno que encontramos de manera cotidiana tiene que ver con la salud mental y las neurodivergencias, por lo que debemos hacer ajustes razonables que permitan el acceso a los derechos que tienen estas personas como cualquier persona a la educación”.
Detalló que en la ENAH han trabajado en un protocolo de atención a crisis, por lo menos, para personas con neurodivergencia porque han ocurrido sucesos o crisis en el salón de clases y la docente o el docente no sabe qué hacer.
De igual forma, resulta necesario reflexionar sobre el castigo “porque los protocolos son muy cognitivos y se piensa la solución de la violencia desde el castigo, cuando lo que hemos visto es que en gran medida, si se logra efectivamente que el caso llegue a la defensoría, que se cumpla con el proceso y que se sancione, normalmente las sanciones implican suspensión o expulsión de la persona presuntamente agresora, y me pregunto si esa realmente es una solución”.
Las representantes de las tres instituciones coincidieron en que uno de los desafíos profundos que enfrentan en las universidades “es lograr cuestionarnos y al menos agrietar la construcción del sentido punitivo que tenemos como sociedad”.
