El 2024 inició con un desastre ecológico del que sólo medios locales han consignado: el derrame de petróleo en territorios indígenas de Puebla. Parece haber poca voluntad de resolver el problema a la brevedad, denunció la doctora Aleida Azamar Alonso, profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Aproximadamente a las 6:00 de la mañana del primero de enero, pobladores de la comunidad de La Guadalupe en el municipio de Francisco Z. Mena, ubicada en la sierra norte de Puebla, casi frontera con Veracruz, detectaron una mancha negra en diversos humedales, como en el río La Mina, que es utilizado por la comunidad para regar sus cultivos de naranja y maíz.

Se trata de una fuga de petróleo crudo al interior de pozo Santiago 7 de Petróleos Mexicanos. Ante la falta de respuesta de las autoridades municipales para abordar la situación, los habitantes llevaron a cabo una protesta y cerraron los accesos a los ductos, permitiendo su apertura únicamente para el ingreso de los trabajadores de PEMEX.

La doctora Azamar Alonso advirtió sobre el potencial desastre ecológico que representa este problema al contaminar varios cuerpos de agua vitales, incluyendo algunos arroyos y el río Pantepec, que desemboca en el Golfo de México. El daño representa la afectación severa de la vida y el sustento de toda una comunidad indígena en la zona, además de la posibilidad de que impacte a más poblaciones si no se detiene a tiempo.

La voz de la coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la UAM Xochimilco vuelve a poner en relieve la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y rurales frente a la explotación de los bienes naturales, en este caso de hidrocarburos.

“Estas comunidades, que a menudo tienen una relación profunda y respetuosa con la tierra, se encuentran en una lucha desigual contra empresas y gobiernos que priorizan las ganancias económicas sobre el bienestar humano y ambiental”.

Cuarenta y ocho horas después de iniciado el derrame, el daño se ha e xtendido por más de 10 kilómetros a la redonda, al grado de invadir algunas zonas destinadas a la agricultura y a la ganadería en La Guadalupe y afectando localidades aledañas como Tecomate y Huitzilac. No basta con frenar la fuga, hace falta limpiar el afluente y reparar las otras zonas afectadas por el riego del crudo en la región.

Las protestas de las poblaciones afectadas han generado tensiones con las autoridades y no han recibido las atenciones necesarias, sin embargo el gobierno ha dado respuestas paliativas al ofrecer compensaciones económicas que no resuelven el riesgo de perder su patrimonio y la naturaleza dañada.

Hasta el momento se percibe una falta de control sobre la fuga, lo que plantea preocupaciones sobre la capacidad de respuesta de Pemex y la necesidad de implementar medidas más efectivas para contener y remediar situaciones similares en el futuro. Es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas de la fuga y evaluar los impactos ambientales y sociales.

Lo cierto es que no hay una respuesta oficial sobre cuándo y cómo van a limpiar los daños en los cuerpos de agua contaminados. Ninguno de los tres niveles de gobierno ha cumplido con la responsabilidad de atender oportunamente a la población y garantizar el bienestar ambiental de la región, aseveró la doctora Azamar Alonso.