Sergio Aguayo, Eduardo Huchim y Alfredo Rivera Flores participaron en la Semana Granados Chapa. A 12 años, herencia y legado, organizada por la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), para relatar su particular experiencia que pretende acallar la libertad de expresión.

En la mesa dedicada a los Ataques al derecho a la información y expresión: el poder y el acoso judicial, el académico y periodista Sergio Aguayo Quezada manifestó que en julio de 2016 fue demandado por el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, pero no fue por su columna publicada en el periódico Reforma, sino por un proyecto de investigación que realizaba sobre la violencia de los Zetas en Coahuila cuando era gobernador Moreira. “La columna fue sólo el pretexto”, aseguró.

La demanda sí afectó la indagación, porque pretendía establecer la relación entre criminales-Estado-sociedad-comunidad internacional. Sin ella, la investigación se habría dirigido en buena medida en establecer los vínculos posibles de la administración de Moreira con el crimen organizado.

Aguayo señaló que una demanda así es una batalla multidimensional y mediática, sobre todo cuando un político demanda a un periodista. Para enfrentarla hay que meterse de lleno en los alegatos de los abogados y leer todos los documentos que se generen. También se debe aprender a interiorizar el litigio y vivirlo sin que afecte el trabajo, “que es sumamente difícil”. Y es importante compartirlo con familia y amigos.

Una advertencia que destacó fue el peligro que representan los poderes judiciales locales, pues tienden a ser profundamente corruptos; por ello, mucha gente recurre al Poder Judicial de la Federación, que es el que ofrece mayores garantías de justicia, entiende mejor las reformas a la Constitución y los derechos humanos.

Por su parte el periodista y académico Rivera Flores vivió un largo y tortuoso acoso judicial al ser demandado por daño moral cuando se publicó su libro La Sosa Nostra: porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, que narra la vida de uno de los capos más importantes en el mundo universitario, Gerardo Sosa Castelán – que fue quien lo demandó. El título del libro fue aprobado y de alguna manera sugerido por Miguel Ángel Granados Chapa, quien gustoso se ofreció a escribir el prólogo.

El columnista político y cultural refirió que su ‘hermano’ Granados Chapa también nació en Hidalgo, “cuando los arrullos maternales intentaban acallar los estruendos de la Segunda Guerra Mundial”. Solían encontrarse en las escalinatas de la preparatoria, corriendo en las pistas de atletismo.

“Miguel Ángel inundaba las charlas con la alegría de su buen humor, mientras las canciones, el cine y la literatura le servían como pasaporte para los recuerdos de amores que algunas veces sólo existieron en la imaginación”.

El tema inevitablemente lleva a hablar de represión, censura y confrontación con las instancias judiciales, tensiones que enfrentó en su vida Granados Chapa; no obstante, ejerció como pocos su derecho a la libertad de expresión en tiempos de autoritarismo y represión, resaltó el periodista y escritor Huchim.

Caso icónico fue cuando Granados Chapa formaba parte del equipo de Julio Scherer García y sufrieron el despojo del periódico Excélsior por el gobierno de Luis Echeverría. También se vio involucrado por 16 años en el litigio por la publicación de La Sosa Nostra: porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, en el que escribió el prólogo.

Huchim también padeció los embates del acoso judicial cuando a finales de 2008 una magistrada, Consuelo Villalobos Ortiz, demandó a cinco periodistas por daño moral, por un artículo publicado en la revista MX en el que se consignaba un asunto de bienes inmuebles, exigiendo una indemnización de 6.5 millones de pesos.

En 2010 una jueza exoneró a dos de los reporteros demandados, pero condenó a Huchim y a Rubén Lara, no por lo que se había escrito, sino por lo que quedó en la mente del lector, criterio ambiguo poco apegado a derecho.

La abogada de los demandados, Perla Gómez Gallardo, solicitó que por su relevancia y trascendencia, el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual fue aceptado por la Primera Sala. Tras más de tres años de litigio, se desestimó la demanda. Huchim citó una frase de Granados Chapa que dice: “La censura avanza en sus formas; hoy, el juicio por presunto daño moral se ha constituido en un método novedoso para inhibir el trabajo periodístico”.

Gómez Gallardo, investigadora del Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa de la UAM, destacó lo complicado que es enfrentar un litigio en los poderes judiciales locales, como el caso de Rivera Flores, donde se consumieron cuatro años y siete meses en la primera instancia y donde quisieron acusar también a la defensa; ahí exigían 18 millones de pesos. En el caso de Huchim, demandaron a los periodistas, no a los medios, y reclamaban seis millones y medio.

Los tres fueron casos emblemáticos porque llegaron a la SCJN, lo que es poco común pero afortunado, porque en esa instancia está garantizada la libertad de expresión por encima del derecho al honor de figuras públicas, y se tiene que velar porque eso no cambie y se extienda a los poderes judiciales locales.