Donde avanza la justicia social, disminuye la pobreza extrema
Número 065
*Hay una evolución importante dentro de la justicia social arropada en el concepto de empresas socialmente responsables
*Víctor Alarcón Olguín y Carlos Juan Núñez Rodríguez hablaron del tema en entrevista
Los proyectos de justicia social deben ser una punta de lanza para disminuir la extrema pobreza; es un binomio que se correlaciona: a mayor justicia social menor pobreza extrema, advirtió el doctor Víctor Alarcón Olguín a propósito del Día Mundial de la Justicia Social que se conmemora este 20 de febrero.
Los indicadores mostrarán entonces si las políticas encaminadas a procurar la justicia social están realmente funcionando cuando manifiesten que los niveles de pobreza extrema en México han bajado significativamente. “Lo cierto es que a la fecha nos dicen que hay un mayor tránsito de pobreza extrema a pobreza, lo cual representa un cierto logro, pues alcanza para tener una canasta básica y un trabajo asalariado”.
Una justicia social debe procurar una calidad de vida en la que la sociedad logre acuerdos básicos para alcanzar el respeto por la persona o individuo, sin importar su condición identitaria. El estado de derecho que la justifica habla de que hay un marco consolidado de reglas y procedimientos sobre los cuales las personas obtienen una protección de vida y en las que pueden ejercer sus capacidades y habilidades.
La Asamblea General de las Naciones Unidas celebra el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social para promover el trabajo decente y una agenda de globalización justa centrada en los derechos laborales fundamentales, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social constructivo entre gobiernos, empleadores y trabajadores.
Hay una evolución importante dentro de la justicia social arropada en el concepto de empresas socialmente responsables o empresas solidarias, donde se puede encontrar ambientes operativos de proyectos conjuntos, como las cooperativas y prácticas comunitarias como el tequio, el intercambio de servicios colaborativos, que van más allá de las relaciones contractuales entre trabajadores y empresarios.
Hablar de justicia social es hablar de un intercambio equitativo, adecuado, entre trabajadores y empresarios para los procesos productivos, y cuando se presentan casos de diferendos entre estas dos partes, el Estado, a través de su marco jurídico existente, pueda mediar y conciliar sobre estas diferencias.
Históricamente, se ha considerado que México es un país pionero en contar con un marco normativo de justicia social sobre las condiciones laborales del trabajador asentado en el artículo 123 de la Constitución, con cuestiones tan elementales como la jornada laboral de ocho horas y otros aspectos que se fueron regulando con la formalización de la Ley Federal del Trabajo en los años 30 del siglo pasado, en la época del cardenismo.
Con base en un modelo de bienestar, el Estado mexicano fue construyendo las instituciones de seguridad social que hacia finales de la Segunda Guerra Mundial fueron ejemplares para el mundo, aspectos que, al menos en el papel, siguen siendo una característica de nuestro modelo de justicia social.
Ahora bien, su operación y las condiciones en que se da el financiamiento para sostener los esquemas de seguridad social (las pensiones y jubilaciones), resulta un tema polémico en el actual gobierno que, ciertamente, ha dado pasos importantes, aunque insuficientes con las modificaciones que se han hecho a los sistemas de salud, subrayó el doctor Alarcón Olguín.
Si se toma en cuenta las pautas que han marcado los convenios internacionales, México sí ha sufrido un descenso en la calidad y condiciones de los trabajadores asalariados. El reto ahora es revitalizar el mundo laboral, la acción responsable de los sindicatos, permitir que los empleados puedan entrar en dinámicas más deliberativas y participativas, sin tener que llegar a la protesta o la movilización social.
Las reformas emprendidas en la actual administración para democratizar la vida interna de los sindicatos es un progreso muy importante, pero contrasta con las dificultades para encontrar una adecuada gestión en la que todavía prevalecen prácticas de corrupción.
El investigador en el Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa consideró necesario avanzar más allá de la ayuda con becas o apoyos económicos a diversos sectores de la población a través de los programas sociales como Jóvenes construyendo el futuro y otros, que de cualquier manera sí son acciones para procurar una justicia social, pues facilitan la incorporación de esos sectores a los espacios productivos; no obstante, es preciso dotarlos de un mejor sistema educativo.
El actual gobierno ha impulsado un conjunto de medidas para alcanzar un mejor nivel de bienestar social, “pero la realidad del país demanda acciones mucho más profundas en el corto y mediano plazos para poder responder al desarrollo que la economía global está requiriendo y a las necesidades que el bienestar de las personas exige, no sólo con paliativos o acciones asistenciales, sino con programas dinámicos que impulsen nuestra economía a niveles que superen la informalidad”.
Para el doctor Carlos Juan Núñez Rodríguez, profesor del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco, la justicia social tiene diversas dimensiones, así como su contraparte, la injusticia, que puede ser individual o colectiva y que atraviesa el género, la edad, la raza, la etnia, la religión, la cultura o la discapacidad.
La injusticia social impera en el mundo, como la prevalencia de distintos tipos de esclavitud, y de ello hay claros ejemplos, entre ellos lo padecen las personas migrantes de Guatemala, El salvador y otros países de Centroamérica que, en su intento por llegar a Estados Unidos, caen en manos de la delincuencia organizada que los obligan a trabajar en los campos para cultivar drogas.
“No porque el esclavismo sea ilegal quiere decir que no existe”, precisó el doctor Núñez Rodríguez. Quienes logran cruzar la frontera, son sometidos a condiciones laborales que en nada se apegan a los principios que establece la Organización de las Naciones Unidas o la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues nada es legal ni armónico.
Los migrantes carecen de derechos laborales y de nula seguridad social y, sin embargo, reportan grandes remesas a sus naciones de origen. El jefe del Área Estado, Gobierno y Políticas Públicas consideró fundamental visibilizar lo que sucede con este sector de población.
Resaltó el grave problema de la economía informal que carece también de todo tipo de seguridad social y de derechos laborales. Conmemorar un día de la justicia social abona a la discusión sobre los temas que se desprenden de este concepto. Admitió que ha habido avances en los derechos laborales para los sectores vulnerables, pero reconoció que hace falta seguir impulsando esos logros.
