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Número 249

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La integración entre universidades y gobiernos es clave para generar conocimiento crítico

La educación superior juega un papel central en la formación de ciudadanos comprometidos con los derechos humanos

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La educación superior, como espacio de generación de conocimiento y formación de ciudadanos críticos, tiene un papel fundamental en la construcción de sociedades más justas y democráticas, que deben ir más allá de la academia y trascender hacia la acción concreta en la transformación social, destacaron especialistas.

Al participar en el segundo y último día de las actividades de la IX Asamblea Regional de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), que se realiza en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señalaron, desde su experiencia, la importancia de repensar el papel de las instituciones de educación superior, para que éstas se conviertan en un agente del análisis y articulación de políticas públicas.

El doctor Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana, enfatizó que “la defensa efectiva del Estado de Derecho y la protección integral de los derechos humanos en el contexto latinoamericano y caribeño requieren imperiosamente de una concepción de democracia que trascienda su reducción procedimental, centrada en los procesos electorales”.

Durante su intervención en la mesa Creación de espacios de discusión democrática con actores gubernamentales, empresariales y líderes sociales latinoamericanos para la defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, dijo que“es necesario avanzar hacia un paradigma, donde lo democrático se conciba como una práctica cotidiana multidimensional y dinámica que se ejerza desde múltiples espacios y a través de diversos mecanismos de participación ciudadana”.

En ese sentido, destacó que “corresponde a la educación superior desempeñar un papel central y determinante en tres esferas críticas para la región, impulsar activamente la integración entre los países de América Latina y el Caribe; fortalecer y profundizar democracias que trasciendan lo procedimental y se orienten a lo sustantivo y constituirse en baluarte inquebrantable para la promoción y salvaguarda de los derechos humanos en sus múltiples expresiones y alcances”.

“Las instituciones de educación superior como actores democráticos están llamadas a colaborar en la defensa y consolidación del Estado de derecho y los derechos humanos fundamentales, ejerciendo un papel que vaya más allá de la crítica académica para situarse en el terreno de la propuesta transformadora”.

“Deben asumir el liderazgo de una transformación de la enseñanza superior arraigada en la identidad y los valores latinoamericanos y caribeños, esto implica el fomento de una cultura institucional fundamentada en los principios de identidad sustantiva, justicia social y erradicación de toda forma de discriminación. Este paradigma requiere una apertura al diálogo horizontal con los diversos sectores sociales, comunidades, autoridades gubernamentales y actores empresariales”, aseveró.

Por su parte, Jovanny Rodríguez, asesora académica de la rectoría de la Universidad Abierta para Adultos, de República Dominicana apuntó que se debe “fomentar la participación, alianzas estratégicas, crear espacios como este, pero debe estar cohesionado, planeado como una intencionalidad para que pueda dar un resultado”.

“La educación superior tiene un papel fundamental en la promoción del Estado de Derecho y en los derechos humanos sobre todo en Latinoamérica; hay que crear espacios, generar conocimiento crítico y formar líderes comprometidos, además establecer alianzas estratégicas para la formación de sociedades más justas, equitativas y donde haya respeto por la vida”, añadió.

Refirió que en la región existen problemas en común, pero desde la universidad hay que buscar un enfoque común, consideró al establecer su presentación a su experiencia en República Dominicana y la relación que requiere de la Universidad para la creación de un Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos.

Por último, al hacer uso de la palabra, el doctor Ricardo Alberto Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, presentó una experiencia construida desde esa institución que es el Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia que se lanzó hace un mes y tiene que ver en parte con el papel de las universidades e instituciones de educación superior en la sociedad.

“Las universidades públicas y privadas tenemos una posición privilegiada ya que jugamos un rol que cuenta con una enorme capacidad de interlocución con actores de diferentes tipos, inclusive aquellos que suelen tener posiciones diferenciadas, además posee infraestructura que permite el desarrollo de procesos que difícilmente se gesta en otros espacios sociales”, indicó.

Explicó que el observatorio surgió como respuesta al poder judicial del año 2024, y su objetivo se centra en cómo se tiene que transformar el sistema de justicia desde lo local, desde el ámbito jurisdiccional y “en cómo podemos pensar en soluciones y alternativas que contribuyan a eliminar los obstáculos a la justicia en problemáticas que enfrentan las personas de manera cotidiana”.

Puntualizó que “a través de una mirada interdisciplinaria compuesta por especialistas en comunicación, investigación cuantitativa y cualitativa, derecho, se busca cómo generar propuestas y alternativas que puedan mejorar el acceso a la justicia en México”.