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Número 456

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En una década se ha distinguido como ente promotor del conocimiento, enseñanza y difusión de una cultura de derechos

El derecho a una vida libre de violencia, sea o no por razones de género, ha sido el más vulnerado, reconoció la doctora Marta Walkyria Torres Falcón

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En sus primeros diez años, la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se ha consolidado como la entidad encargada de proteger y velar por el respeto de las garantías universitarias, así como de promover su conocimiento, enseñanza y difusión entre la comunidad, señaló su titular, la doctora Marta Walkyria Torres Falcón.

En entrevista, dijo que para las universidades públicas es fundamental reconocer el peso de los derechos humanos mediante espacios como este y que las instituciones de educación superior “tienen la enorme responsabilidad de educar a la juventud en una cultura de derechos y garantizar que cualquier persona se sienta segura y como en casa”.

Cuando se transgrede algún derecho humano, cuando existen comportamientos de discriminación por el color de la piel, por la pertenencia a un grupo indígena o a algún grupo de la diversidad sexual, entre otras formas de exclusión, esta oficina tiene la obligación de intervenir “porque estamos en presencia de una vulneración de una garantía universitaria y es necesario orientar para quitar el manto de naturalidad que hay sobre todas estas prácticas de discriminación”.

Los derechos universitarios son los que corresponden a las personas en cuanto integrantes de la comunidad universitaria y se ubican en el marco de la salvaguarda de la educación, específicamente en el ámbito de la educación superior, abundó.

En ese sentido, la DDU tiene varias funciones principales: la primera es la promoción de una cultura de los derechos humanos y específicamente de los universitarios, a través de distintas actividades, mientras la segunda tiene que ver con la atención de casos que pueden ser de diferente índole, es decir, “todo lo que sea falta de respeto, discriminación, malos tratos se atiende aquí en esta ventanilla, pero lo que tenga que ver con temas de evaluación académica es en otra”.

Los asuntos que se contemplan son aquellos en los que hay vulneración de derechos universitarios, fundamentalmente, no obstante, “tenemos dos campos en los que no podemos intervenir: los relacionados con cuestiones laborales (aspecto para el cual existe un Contrato Colectivo de Trabajo) y lo concerniente a evaluaciones académicas”.

En la Universidad se está construyendo una cultura de derechos y aún hay muchas situaciones por atender, desde que no se respetan los estacionamientos destinados a personas con alguna discapacidad hasta la persistencia de casos de acoso y violencia sexual, “si bien ya se cuenta con un protocolo para la atención de estos casos, que en su mayoría está a cargo de las oficinas de género de las unidades académicas y a la Defensoría en cuanto a los Cendis (Centro de Desarrollo Infantil)”.

Una tercera función tiene que ver con la asesoría a las comisiones de Faltas, de las cuales hay 15 en la Institución, una por cada consejo divisional, mismas que se ocupan de atender conductas de diversa índole, desde un robo hasta otras más serias.

“Con las reformas al reglamento del alumnado que entró en vigor en marzo pasado, en cada sede hay comisiones especializadas para atender casos de violencia de género y discursos de odio, de la mano de la DDU”.

El derecho más vulnerado a lo largo de esta primera década es aquel a una vida libre de violencia, sea o no por razones de género, por el que hasta ahora por año han acudido alrededor de 50 personas –más o menos el mismo número de mujeres y hombres– entre estudiantes, personal administrativo y personal académico.

La doctora en Ciencias Sociales con especialidad en relaciones de género consideró que a diez años es fundamental continuar promoviendo en esta casa de estudios una cultura de paz, entendida como “un estado de total bienestar y no solo la ausencia de conflictos. Esa es la forma en que la entendemos”, y para una genuina cultura de paz es necesario conocer y ejercer los derechos a cabalidad.

Esta convivencia armónica se construye con lo anterior “pero también con algo que hemos estado promoviendo, que son los medios alternativos de solución de controversias, en los que más allá de una visión punitiva, se busca que los conflictos se resuelvan de una manera clara y para ello existe toda una metodología para una solución pacífica”.

La solución pacífica de conflictos significa, primero, evitar “el dedo flamígero de la culpa, ya que no se trata de ver quién es culpable de nada, sino de encontrar una solución, partiendo de reconocernos mutuamente como integrantes de la comunidad y que como tales tenemos un conjunto de derechos”.

La titular de la Defensoría apuntó que entre los avances más importantes en estos primeros diez años están las adecuaciones normativas que se han hecho, haber sabido conformar equipos multidisciplinarios, lo que encierra una gran ventaja porque todos aprendemos, junto con la incorporación de la atención psicológica, así como contar con las instalaciones adecuadas a las necesidades de la instancia.

En la gestión anterior, encabezada por la doctora Guadalupe Huacuz, uno de los más importantes temas atendidos fue la violencia de género; “en ello también se ha avanzado bastante y aunque el problema no está resuelto, la Universidad cuenta ya con cinco unidades de Género, un protocolo de atención y las políticas transversales de atención a este tipo de violencia”.

Además, continúa la participación en la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, donde la DDU fue la primera en someterse a una evaluación entre pares “y nos fue bien, nos palomearon, tenemos ese reconocimiento, entre muchos otros avances”, enfatizó Torres Falcón.