Analizan en la UAM migración, geopolítica y desigualdad estructural


Número 621


El endurecimiento migratorio bajo la segunda administración Trump se vincula con fuertes impactos económicos y sociales.

El encuentro reunió a especialistas de la UAM y la UNAM para analizar el papel de la migración en el contexto geopolítico actual



Una reflexión sobre la migración como fenómeno estructural en el contexto de los cambios globales contemporáneos fue presentada por el maestro Fortino Vela Peón, investigador del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolita (UAM), durante el Seminario América del Norte en la reconfiguración del orden mundial y los conflictos internacionales en la Segunda Administración de Donald Trump.

Partiendo de tres ejes: globalización, cadenas de suministro y digitalización, el académico explicó cómo estos procesos han transformado las dinámicas de poder y las relaciones internacionales, colocando a la migración como un instrumento de negociación geopolítica; “en particular, la migración México–Estados Unidos se ha convertido en un indicador de tensiones regionales y un mensaje para países del sur global”.

Advirtió que, aunque la globalización ha facilitado la movilidad de bienes y personas, también ha generado desigualdades estructurales que impulsan la migración desde países no desarrollados; además el narcotráfico, ha aprovechado los flujos globales para expandirse, afectando la seguridad pública y las condiciones de vida en regiones emisoras.

El especialista destacó que la migración laboral se ha convertido en una herramienta económica, aunque con trato preferencial para perfiles altamente calificados, ya que mientras se favorece a ejecutivos y profesionistas con posgrado, los trabajadores agrícolas y de servicios enfrentan políticas restrictivas, pese a su papel clave en sectores productivos.

Sobre la digitalización, Vela Peón explicó que ha generado nuevas formas de migración, como la de los “digitales” provenientes de países desarrollados que se instalan en ciudades latinoamericanas por su bajo costo de vida y de igual forma ha permitido que migrantes mexicanos se organicen y compartan información para evitar redadas, lo que ha impactado la actividad económica en zonas como California.

Por su parte, el doctor Daniel David Jaime Camacho, académico del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, presentó una exposición crítica sobre el papel del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la política migratoria estadounidense.

El investigador señaló que ICE ha dejado de enfocarse exclusivamente en la detención de migrantes con antecedentes penales, para convertirse en un instrumento de criminalización generalizada. “Ya no se distingue entre una falta grave y una infracción administrativa”.

Resaltó que la administración Trump ha intensificado la visibilidad mediática de ICE, mostrando casos de migrantes con antecedentes penales frente a la Casa Blanca, en tanto oculta el impacto sobre familias desintegradas y trabajadores detenidos sin historial delictivo.

Observó sobre las consecuencias económicas de la deportación masiva que afectaría sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios, provocando escasez de mano de obra, aumento de costos de producción e inflación. “La economía de estados como California, Texas y Florida podría resentirse gravemente”.

En el marco del seminario, el maestro Jonatan Badillo Reguera, del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la UAM, dio a conocer una propuesta teórica sobre el regionalismo multidimensional como herramienta para abordar el fenómeno migratorio en América Latina.

Partiendo de las escuelas latinoamericanas del pensamiento estructuralista y la teoría de la autonomía, el docente argumentó que la migración no debe ser vista como un problema, sino como un fenómeno que revela el fracaso de políticas públicas en desarrollo, seguridad y bienestar. En este sentido, planteó que el acercamiento entre países latinoamericanos debe ser resultado de una política progresiva, reconociendo sus historias, estructuras productivas y niveles de desarrollo.

Desde la teoría de la autonomía, desarrollada por Juan Carlos Puig y Hélio Jaguaribe, trazó que las naciones pueden actuar colectivamente ante escenarios internacionales adversos sin confrontar directamente a las hegemonías. Esta visión reconoce al Estado como actor central y propone una articulación entre gobierno, sociedad civil, universidades y sector privado.

El concepto de regionalismo multidimensional permite abordar temas como cooperación, seguridad, comercio y calidad de vida, integrando estándares laborales, servicios sociales y seguridad ciudadana. Badillo Reguera lamentó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 no incluyan un eje específico sobre migración, a pesar de su creciente relevancia.

Por último, el doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expuso un análisis crítico sobre los procesos migratorios en el T-MEC Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) frente a las políticas de la segunda administración de Donald Trump.

El especialista destacó las profundas asimetrías entre México y Canadá en el acceso a visas laborales; mientras que los canadienses han gozado de condiciones más flexibles desde el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), incluyendo la reunificación familiar desde el inicio, los mexicanos enfrentan cuotas limitadas, requisitos estrictos y exclusiones profesionales.

Subrayó que la migración mexicana hacia Estados Unidos ha crecido exponencialmente: de 554 mil personas en 1950 a más de 11 millones en 2025. A pesar de este flujo, el T-MEC no ha reconocido plenamente la contribución laboral de los connacionales, ni ha generado mecanismos eficaces de regularización.

El académico alertó sobre el endurecimiento de políticas migratorias bajo el mandato del actual presidente estadunidense, incluyendo mayores requisitos para visas, reducción de categorías profesionales y un presupuesto de 140 millones de dólares destinado a deportaciones.

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