México debe interpretar sus tratados comerciales desde la realidad nacional: especialistas
Número 661
El país puede fortalecer su soberanía jurídica y económica si articula una visión propia en el marco del T-MEC y el Acuerdo con la Unión Europea
La UAM impulsa el análisis crítico sobre los desafíos de la integración regional y el desarrollo sostenible
México podría aprovechar de manera más estratégica el Tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo Modernizado México–Unión Europea (MGA, por sus siglas en inglés) si los interpreta desde su realidad nacional, con base en sus fortalezas, su historia y sus prioridades de desarrollo. Las cláusulas sobre derechos humanos, laborales y ambientales deben asumirse como ejes sustantivos, afirmó el doctor Hernán Núñez Rocha, consultor jurídico independiente.
En la conferencia magistral El nuevo tratado México–Unión Europea y la renovación del T-MEC, el jurista destacó que el país puede usar las flexibilidades de ambos acuerdos para fortalecer su autonomía y contribuir a un orden internacional más justo y sostenible. La actividad se realizó en el marco del Coloquio Internacional T-MEC: retos y perspectivas, organizado por la Maestría en Derecho y la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El especialista señaló que los tratados comerciales ya no sólo abren mercados, sino que determinan el rumbo de la economía, la tecnología y los derechos sociales. Sin embargo, tanto el modelo norteamericano como el europeo reflejan asimetrías históricas y una visión hegemónica que impone sus propios criterios de desarrollo.
Explicó que el T-MEC responde a una lógica anglosajona y comercial, mientras que el acuerdo con la Unión Europea se sustenta en una tradición jurídica continental, con una dimensión más institucional y social.
El doctor Núñez Rocha subrayó que la modernización del acuerdo con la Unión Europea, concluida en 2020 y pendiente de ratificación, incorpora innovaciones relevantes, como la apertura de contrataciones públicas en todos los niveles de gobierno, un nuevo sistema de corte de inversión con jueces permanentes y capítulos vinculantes sobre medioambiente, desarrollo y pequeñas y medianas empresas.
En materia de propiedad intelectual, el tratado europeo refuerza la protección de indicaciones geográficas y derechos de autor en entornos digitales, al tiempo que preserva las flexibilidades necesarias para el acceso al conocimiento y la innovación.
Respecto del T-MEC, el jurista recordó que su revisión sexenal, establecida en el artículo 34.7, representa un mecanismo de actualización constante, pero también un factor de incertidumbre por la posibilidad de renegociaciones periódicas. Resaltó los capítulos laborales y ambientales, que incluyen mecanismos de verificación directa con impactos relevantes para México.
Advirtió que el país ha elevado los estándares de protección de la propiedad intelectual más allá de lo exigido, lo cual reduce su margen para impulsar la innovación local y la competencia tecnológica. Por ello, propuso articular una política jurídica y económica coherente que combine los compromisos internacionales con las prioridades nacionales, fortaleciendo la autonomía normativa y la diplomacia económica.
El doctor Rafael Julio Pérez Miranda, del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco, comentó que los principales tratados suscritos por México han sufrido modificaciones posteriores a su firma, lo que ha generado complejidades adicionales. Recordó que las adecuaciones al antiguo Tratado de Libre Comercio produjeron conflictos que podrían repetirse con el T-MEC.
Conocimiento para integración justa y sostenible
Durante la inauguración del Coloquio, el doctor Gustavo Pacheco López, rector general de la UAM, convocó a las nuevas generaciones a pensar en el país que desean construir en las próximas décadas. “México es la economía número 12 del mundo y será la décima en 2030. En 2050 podría ocupar el sexto lugar. La pregunta es si estará basada en la maquila o en la innovación tecnológica”, señaló.
Enfatizó que los procesos regulatorios y la transferencia del conocimiento universitario resultan esenciales para convertir la investigación en prosperidad social. “El conocimiento que no se aplica se queda incompleto. La Universidad debe transformarlo en bienestar colectivo”, dijo.
La doctora Yadira Zavala Osorio, rectora de la Unidad Azcapotzalco, destacó que el T-MEC no solo es un acuerdo comercial, sino un entramado político, jurídico y social que redefine las relaciones entre los Estados y la ciudadanía. Subrayó que las universidades públicas deben generar pensamiento crítico, identificar los límites y posibilidades de los tratados y formar profesionales capaces de construir una integración justa y sostenible.
Añadió que el análisis del T-MEC debe considerar sus implicaciones éticas, sociales y territoriales, ya que el desarrollo se mide también por la justicia, la inclusión y la sostenibilidad.
El doctor Jesús Manuel Ramos García, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, indicó que el Coloquio aborda temas de integración económica, cooperación transcontinental, derechos humanos, sostenibilidad ambiental e impactos socioculturales. “El propósito es reflexionar, dialogar y construir propuestas desde la universidad pública para generar un impacto positivo en nuestras sociedades”, expresó.
La maestra Sandra Salcedo González, jefa del Departamento de Derecho, y el doctor José Juan González Márquez, coordinador de la Maestría en Derecho, coincidieron en que estas discusiones deben promover rutas de trabajo, análisis crítico y participación universitaria ante los desafíos de la integración regional.
El Coloquio Internacional, organizado por el Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco, reunió a especialistas nacionales e internacionales los días 21 y 22 de octubre quienes debatieron sobre las implicaciones jurídicas, económicas y ambientales del T-MEC, así como su impacto en las políticas públicas y el desarrollo sostenible.
Con estas actividades, la UAM reafirma su compromiso con la formación crítica, la generación de conocimiento interdisciplinario y la responsabilidad social de la universidad pública ante los desafíos globales.
