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Abrir los datos facilita la colaboración, la innovación y el tránsito hacia una ciencia abierta

El reto consiste en crear políticas para que los conjuntos de datos sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables

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Número 701

Las universidades públicas tienen la responsabilidad de asegurar que el conocimiento generado con recursos públicos esté disponible y beneficie a la sociedad, coincidieron especialistas en la Jornada Los horizontes del acceso abierto, organizada por la Coordinación General de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el panel Datos abiertos en la ciencia: experiencias y desafíos para la formulación de políticas institucionales, realizado en el marco de la Semana Internacional de Acceso Abierto 2025, el doctor Rafael Bojalil Parra, director de Apoyo a la Investigación de la UAM, recordó que desde la creación de esta casa de estudios en 1974 quedó establecido que sus actividades deben orientarse al beneficio de la población.

Explicó que las universidades públicas han financiado durante décadas a las grandes editoriales científicas, puesto que el personal académico realiza investigaciones con fondos públicos, pero al publicar en revistas por suscripción debe ceder los derechos de autor. “Esa práctica debería considerarse ilegal, porque las y los investigadores no son dueños de esos derechos, lo son las escuelas de enseñanza superior”, señaló.

Agregó que las editoriales obtienen ganancias desproporcionadas al beneficiarse del trabajo, tiempo y recursos públicos invertidos en la investigación. “Después, para consultar esos artículos, los propios centros de enseñanza deben pagar las suscripciones”, indicó.

La doctora Zaira Lagunas Ledesma, subdirectora de Repositorios y Difusión de la Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, sostuvo que aún faltan políticas institucionales que promuevan la ciencia abierta mediante la sensibilización de las comunidades universitarias.

Detalló que el acceso abierto implica más que colocar información en línea; requiere estrategias de gestión y preservación que garanticen la calidad, utilidad y protección de los datos. “El desafío es lograr que los conjuntos de datos sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables”, precisó.

Advirtió que sin datos abiertos será difícil fortalecer la colaboración, la innovación y la justicia cognitiva, y que resulta necesario avanzar hacia una ciencia pública y solidaria, donde el conocimiento sea patrimonio común y no propiedad de unos cuantos.

Por su parte, la maestra Gabriela Arévalo Guízar, editora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que el impulso internacional hacia la ciencia abierta surge en un contexto en el que grandes compañías requieren enormes volúmenes de información. “Los datos más valiosos son los que se producen en los centros de educación superior y de investigación”.

Dijo que las empresas se benefician de la verificación académica de esos datos, pero no los retribuyen con recursos, sino que los venden a precios elevados. “El reto es equilibrar el avance del conocimiento con su beneficio para las mayorías y evitar una inserción ingenua en los procesos globales de acceso a los datos”, subrayó.

Recordó que la reforma al artículo tercero constitucional reconoce que toda persona tiene derecho a disfrutar de los beneficios del desarrollo científico y tecnológico, lo que convierte en obligación de las universidades garantizar ese acceso.

Agregó que México vive un momento propicio para consolidar esfuerzos conjuntos entre instituciones, en lugar de acciones aisladas, y que los países del sur global deben definir su papel en la ciencia abierta para evitar nuevas formas de subordinación y extractivismo. “Las revistas científicas y las inteligencias artificiales reproducen esos mecanismos al aprovechar los artículos en acceso abierto sin compensar a quienes los generan”, advirtió.

Las tecnologías de inteligencia artificial, añadió, presentan sesgos porque la mayoría de datos disponibles está en inglés, lo que genera vacíos en el conocimiento regional. “Debemos participar de manera activa, pero con políticas que permitan exigir retribución a las grandes corporaciones”.

La maestra María Amalia Penabad Camacho, investigadora de la Universidad Nacional de Costa Rica, coincidió en que las instituciones de educación superior deben regresar el saber a la sociedad mediante un uso ético de la información y evitar que se convierta en un nuevo modelo de explotación. Destacó que en su país las escuelas de enseñanza superior públicas han liderado, desde hace más de 15 años, el impulso de un acceso abierto no comercial, sostenido por revistas académicas que buscan fortalecer la circulación libre del conocimiento.